| Summary: | La incorporación del principio de oportunidad en el proceso penal, es una característica innovadora en la aplicación de la política criminal de nuestro Estado, entendido este como una facultad que le permite a la Fiscalía General de la Nación suspender, interrumpir o reanudar la persecución penal. Dicha oportunidad debe ser sometida ante el juez de garantías para que haga el control de legalidad. No es una facultad absoluta, pues la Fiscalía debe tener en cuenta la política criminal y las causales definidas en la ley para su aplicación. Es por eso que el presente trabajo busca aclarar inquietudes que se generan en esta materia, haciendo un estudio de la política criminal general y la de nuestro Estado, para luego poder determinar en qué casos se puede predicar su aplicación teniendo en cuenta que esta debe ir enfocada a evitar la imposición de penas innecesarias y orientar los mecanismos de administración de justicia para la investigación de conductas más lesivas.Al respecto es importante tener en cuenta si con la inclusión de este principio en nuestro ordenamiento, se generan verdaderas garantías de aplicación de justicia, y si de esta manera el derecho penal, como instrumento sancionador del Estado, responde de manera eficaz a una sociedad con problemáticas evidentemente graves que necesitan respuestas que generen soluciones y establezcan bases de justicia humana.
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