Summary: | La legitimidad del Estado se predica cuando este sea racional, estoes, guarde coherencia interna y externa con el discurso jurídico alrelacionarse con el mundo exterior, y sea una respuesta adecuada ala realidad. El agua es un recurso natural vital para el ser humano ypor ende se constituye en un derecho fundamental y en un serviciopúblico básico de interés general que debe ser asegurado por laAdministración Pública. Tal postulado se enmarca inicialmente dentrode los principios dogmáticos de la Constitución Política de 1991, delEstado Social de Derecho. No obstante, se advierte un antagonismoirreconciliable entre su articulado y la legislación que lo desarrolla-artículo 365 ibídem- que permite el traslado de tal actividad a manosde particulares, y con ello, el origen del peligro latente que conllevala privatización de los servicios públicos esenciales como el acueducto.Ello evidencia la falta de legitimidad del Estado para afrontar estaproblemática, al implementar un sistema de contrato de concesión,que subordina el derecho humano al agua a los intereses comercialesde las empresas que la vienen convirtiendo en una mercancía, y que,por ende, es ajeno a las necesidades básicas fundamentales de lacolectividad.
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